Denuncian indefensión de víctimas ante violencia digital y falta de capacitación ministerial

Una menor de edad y su madre han denunciado ser víctimas de una sistemática campaña de violencia digital, orquestada presuntamente por el padre de la menor, quien ha movilizado a grupos afines a la denominada machósfera para hostigarlas en redes sociales. El caso, que ha escalado en los últimos meses, pone en evidencia las dificultades que enfrentan las víctimas para obtener justicia ante agresiones que trascienden el mundo físico y se replican en el ciberespacio con consecuencias graves para su integridad emocional.

Durante el proceso de denuncia ante las instancias correspondientes, los familiares y sus representantes legales han señalado una preocupante falta de capacitación por parte del personal de los Ministerios Públicos. Según refieren, los agentes a cargo de las investigaciones han manifestado desconocimiento sobre cómo integrar las pruebas de acoso digital y han alegado dificultades técnicas o procedimentales para aplicar los protocolos establecidos por la Ley Olimpia, lo que obstaculiza el acceso a medidas de protección efectivas.

La Ley Olimpia, vigente en diversas entidades del país, busca sancionar penalmente la difusión de contenido íntimo sin consentimiento y otras formas de violencia digital. Sin embargo, en este caso particular, la defensa de las agraviadas sostiene que la falta de sensibilidad y especialización de los funcionarios encargados de la procuración de justicia perpetúa la vulnerabilidad de las víctimas, quienes se ven obligadas a enfrentar no solo el acoso de terceros, sino también la negligencia institucional.

Ante este escenario, colectivos feministas y organizaciones civiles han urgido a las fiscalías estatales a reforzar la formación continua de su personal. La propuesta central es la creación de unidades especializadas en delitos cibernéticos que cuenten con herramientas tecnológicas y jurídicas para rastrear a los agresores y frenar la propagación de ataques digitales, asegurando que el marco legal se traduzca en una protección real para las mujeres y menores de edad en México.

Hasta el momento, la situación mantiene a la familia en un estado de alerta constante ante la difusión de información falsa y amenazas emitidas a través de diversas plataformas. Se espera que las autoridades competentes realicen una revisión profunda del expediente para determinar las responsabilidades administrativas de los servidores públicos que han desatendido la gravedad de las denuncias presentadas por las víctimas.