Perú manifiesta inconformidad a México por videos de Betssy Chávez

El gobierno de Perú ha manifestado formalmente su inconformidad ante la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, derivado de la reciente difusión de videos protagonizados por Betssy Chávez, quien actualmente se encuentra bajo la figura de asilo político en el país. El descontento peruano surge tras la aparición de material audiovisual en redes sociales donde Chávez aparece junto a su madre, Herminia Chino, quien participa activamente como candidata al Senado por el partido Podemos Perú en su país de origen.

Fuentes diplomáticas indicaron que la representación peruana considera que el uso de plataformas digitales por parte de personas acogidas bajo el estatus de asilado político podría interferir en la política interna de su nación. Esta situación ha generado una serie de comunicaciones diplomáticas entre la SRE y las autoridades peruanas, buscando aclarar los alcances y las restricciones que conlleva la condición de asilo otorgada por el Estado mexicano a figuras extranjeras involucradas en procesos judiciales en sus lugares de origen.

Desde la perspectiva de la Cancillería mexicana, el asilo es un derecho reconocido bajo los tratados internacionales suscritos por México, los cuales garantizan la protección de personas que consideran estar bajo persecución política. Sin embargo, el equipo de comunicación de la dependencia ha señalado de manera general que se mantiene un monitoreo constante sobre el cumplimiento de las normativas vigentes para quienes gozan de esta protección, evitando siempre cualquier vulneración a la soberanía de otras naciones mediante actos de proselitismo o injerencia directa.

El caso de Chávez, quien desempeñó funciones de alto nivel en el gobierno peruano antes de su salida del país, continúa siendo un tema sensible en la agenda bilateral. Mientras las autoridades peruanas mantienen su postura de rechazo ante lo que consideran una falta de respeto a sus procesos internos, la diplomacia mexicana se mantiene en una posición de neutralidad, enfocada en la gestión administrativa del estatus migratorio y las obligaciones que este implica conforme a la ley mexicana y el derecho internacional.