SCJN ordena juzgar desapariciones de mujeres defensoras con perspectiva de género

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que todos los casos de desaparición de mujeres defensoras de derechos humanos deberán ser juzgados obligatoriamente con perspectiva de género e interseccionalidad. La resolución subraya que esta metodología no constituye una opción para las autoridades judiciales, sino un mandato constitucional esencial para garantizar el acceso a la justicia y la verdad en contextos de violencia sistemática.

La decisión deriva de la necesidad de reconocer las barreras estructurales que enfrentan las mujeres al ejercer su labor de defensa en México. Según el criterio emitido por los ministros, los jueces deberán analizar si la desaparición está intrínsecamente relacionada con la labor de activismo de la víctima, evaluando las amenazas previas y los riesgos diferenciados que el género y la condición social imponen en cada caso particular.

Este fallo vinculante obliga a las fiscalías y tribunales del país a abandonar visiones aisladas de los hechos. La SCJN enfatizó que los operadores de justicia están obligados a recabar pruebas que consideren el entorno social, económico y político en el que se desenvolvía la defensora, evitando que los prejuicios sociales influyan en la calificación de las investigaciones.

Especialistas en la materia han señalado que este precedente es un paso fundamental para combatir la impunidad en delitos contra mujeres activistas. La determinación busca cerrar las brechas que históricamente han impedido que las investigaciones alcancen resultados satisfactorios para las familias, exigiendo una actuación diligente y libre de sesgos por parte de las autoridades investigadoras en todo el territorio nacional.

Con esta sentencia, la SCJN reafirma su papel como garante de los derechos humanos y del debido proceso. La resolución será de aplicación obligatoria para todos los tribunales del país, sentando un estándar elevado para la atención de casos donde la labor de defensa pública es el factor determinante en la comisión de un delito de alto impacto.